La Segunda República IV

En la anterior entrega nos habíamos quedado en la delicada situación de Azaña tras los sucesos de 1933 en Casas Viejas.  La caída de la popularidad del gobierno Azaña derivaría en sendos golpes en abril y septiembre, en las elecciones municipales y para el Tribunal de Garantías Constitucionales, respectivamente. Convocadas elecciones para el 19 de noviembre, la derecha se unió en una coalición llamada Unión de Derecha y Agrarios, cuyo principal núcleo era la CEDA. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux se presentaba ante los electores como la gran fuerza moderadora y de centro, ofreciéndose a pactar con derechas e izquierdas. La izquierda acudió a los comicios dividida: los socialistas se separaron de los republicanos de izquierda por los “excesos represivos de Azaña” y los anarquistas llamaron directamente a la abstención. Las elecciones, en las que participaron por primera vez las mujeres, dieron la victoria al centro-derecha (204 diputados de derecha, 170 de centro y 93 de izquierda). En consecuencia, el presidente de la República encargó la formación del gobierno a Lerroux. El gabinete fue compuesto sólo por miembros del Partido Radical, pero necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA para gobernar. Gil Robles aceptó apoyar a Lerroux a cambio de que las escuelas de la Iglesia siguieran funcionando, que se aparcase la Ley de Congregaciones, que se revisase la legislación laboral y que se detuviera la reforma agraria. Lerroux y Gil Robles acordaron también decretar una amnistía para todos los implicados en la Sanjurjada de agosto del 32.

Mientras la derecha y el centro llegaban a acuerdos, el PSOE se iba bolchevizando poco a poco. Tras la derrota electoral, Indalecio Prieto había ido perdiendo poder en el comité ejecutivo del partido, que controlaba Largo Caballero. El 3 de enero de 1934, El Socialista declaraba: “¿Armonía? ¡No! ¡Lucha de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal!”. Diez días después el comité ejecutivo socialista redactó un nuevo programa que incluía la nacionalización de la tierra y la disolución de todas las órdenes religiosas, el ejército y la Guardia Civil. El 3 de febrero se constituyó un comité revolucionario dispuesto a que la insurrección contra el Gobierno tuviese “todos los caracteres de una guerra civil”, y cuyo éxito dependiera “de la extensión que alcance y la violencia con que se produzca”. Largo Caballero hizo oídos sordos a las advertencias que el depuesto líder de UGT, Julián Besteiro, acerca de que estaba yendo demasiado lejos, y tampoco escuchó las recomendaciones de Manuel Azaña, quien advirtió a los socialistas de que preparar una insurrección daría al ejército la excusa para intervenir de nuevo en política y aplastar a los trabajadores.

En febrero de 1934, el Gobierno dispuso que los jornaleros instalados en tierras por las medidas de intensificación de cultivos tenían que abandonarlas antes del primero de agosto de aquel año, lo que produjo el desahucio de 28.000 braceros, de los cuales 18.000 solo en Extremadura. El 4 de mayo se devolvieron las propiedades incautadas a los grandes de España por el golpe de Sanjurjo. El 28 de mayo se anularon las leyes referidas a la protección de los trabajadores del campo, lo que redujo sus salarios a la mitad.

Ante las medidas de contrarreforma agraria, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), dependiente de la UGT, convocó, al empezar el verano del 34, a los trabajadores del campo a una huelga general en toda España que sólo tuvo éxito en Extremadura, Ciudad Real y algunas zonas de Andalucía. Al convocar semejante huelga, sin respaldo en el Parlamento, la represión consiguiente condujo a la detención de 10.000 braceros, fueron suspendidos unos 200 ayuntamientos socialistas, las represalias laborales fueron atroces y la FNTT quedó prácticamente desmantelada. Cataluña tuvo su propia crisis aquel verano con la Ley de cultivos de la Generalitat (que buscaba facilitar el acceso a la propiedad a los arrendatarios de los viñedos catalanes), controlada por ERC, suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales a petición, curiosamente, de la Lliga Regionalista de Cambó y la patronal catalana.

Durante el verano de 1934 las posiciones se fueron radicalizando y enconando cada vez más. Largo Caballero subía el tono por parte de los socialistas, y Gil Robles, líder de la CEDA, anunció que “no podemos consentir por más tiempo que continúe este estado de cosas”, en referencia a un envío de armas a los socialistas asturianos. A pesar de ser el partido con mayor representación parlamentaria, la CEDA no había recibido ningún ministerio en el ejecutivo controlado por Lerroux, y Gil Robles lo exigió, consiguiendo tres carteras. Con la entrada de la CEDA en el gobierno, los socialistas dieron el paso y convocaron una huelga general revolucionaria para el 5 de octubre. 

Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como La guerra civil española, de Anthony Beevor, La República española y la Guerra Civil, de Gabriel Jackson, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española, de Pascual Carrión y Historia de la Segunda República Española (1931-1936), de Julio Gil Pecharromán.

La Segunda República (III)

En la anterior entrega habíamos dejado a un dolido Sanjurjo abrazando la vía conspirativa de Goded para derrocar al gobierno Azaña. El golpe, en agosto de 1932, tuvo éxito inicial en Sevilla, en gran parte debido a una Guardia Civil fiel a Sanjurjo. El general golpista se apoderó de los centros de telégrafos y teléfonos, declaró el estado de sitio y derogó todas las disposiciones relativas al orden público, poniendo éste bajo la jurisdicción castrense. Con la guarnición sublevada, Sanjurjo cometió el error de esperar en Sevilla los resultados de su intentona durante todo un día, hasta que, al saber que el golpe había fracasado en el resto de España, trató de huir a Portugal. Con tan poca fortuna que fue detenido en Huelva.

Mientras, el Gobierno había detenido en Madrid a los principales conspiradores, entre ellos a José Antonio Primo de Rivera y a Ramiro de Maeztu, deportando a Villa Cisneros a unas 140 personas implicadas en el golpe. En represalia contra los aristócratas que habían apoyado el golpe, se decretó la incautación de tierras de los grandes de España. Sanjurjo fue juzgado y condenado a muerte, pero inmediatamente indultado y recluido en el penal de El Dueso (cuando Lerroux llegó a la presidencia lo indultaría, y se exiliaría entonces en Lisboa para “organizar un movimiento nacional que salvase a España de la ruina y del deshonor”).

La rebelión de Sanjurjo puso abruptamente sobre la mesa de las Cortes la amenaza que los militares suponían para la República, acelerando la aprobación de algunas de las importantes leyes que estaban pendientes aún, sobre todo la reforma agraria y el Estatuto de Autonomía para Cataluña. En el primer caso, el estudio de la Comisión Técnica Agrícola había indicado que existían unos 2 millones de hectáreas de secano y 88.000 de regadío para expropiar (la lentitud del proceso, hostigado sin cesar por los terratenientes, llevó a la frustración de las grandes expectativas: a finales de 1934 sólo se habían expropiado 117.000 hectáreas y sólo se habían asentado 12.000 familias de las 200.000 que se habían previsto en el programa). En el segundo caso, el Estatuto se aprobó por las Cortes el 9 de septiembre, y el 20 de noviembre siguiente tuvieron lugar las elecciones al parlamento catalán, que ganó por mayoría Esquerra Republicana de Catalunya.

El año 1933 empezó con mal pie para el gobierno Azaña. Durante los primeros días de enero se desencadenó en Cádiz una oleada de violencia. El 11 de enero, un grupo de anarquistas quiso apoderarse del cuartel de la Guardia Civil en Casas Viejas, se produjo un tiroteo y murieron dos números. Desde Cádiz enviaron más guardias civiles y de Asalto, que procedieron a la detención de sospechosos y trataron de entrar en un chamizo en el que se encontraban, al parecer, algunos de los cabecillas, quienes dispararon y mataron a un guardia. Acto seguido empezó un tiroteo cruzado y la vivienda, que pertenecía a un carbonero septuagenario apodado “Seisdedos”, fue sitiada por la fuerza pública. Ante la resistencia armada de los campesinos, el director general de Seguridad, Arturo Menéndez envió a un capitán de Asalto, Manuel Rojas, con instrucciones de poner fin a la situación. Rojas ordenó incendiar la cabaña y disparar contra los que la abandonaban, matando a dos anarquistas cuando huían del fuego. Además, el capitán Rojas ordenó asesinar a sangre fría a doce de los anarquistas del pueblo que habían sido detenidos. En total, 22 campesinos y tres guardias perdieron la vida en la tragedia de Casas Viejas.

La derecha, que tantas veces había exigido mano dura, y que al principio vio con aprobación la acción de la fuerza pública, advirtió el potencial que aquellos hechos podían tener como arma política y se volcó, en el Congreso y en la calle, para acusar al jefe del Gobierno de obrar con extrema brutalidad. Rojas afirmó que había recibido órdenes expresas de matar a los revolucionarios y un capitán, Bartolomé Barba, manifestó que Azaña había dado órdenes personales de que los guardias disparasen “los tiros a la barriga”. Cuando Rojas confesó finalmente la verdad, fue juzgado y condenado a 21 años de prisión. Por su parte, Menéndez fue destituido de su cargo, pero la imagen de un Azaña con las manos manchadas de sangre quedó fijada para siempre en el imaginario de mucha gente.

Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como La guerra civil española, de Anthony Beevor, Diarios completos, de Manuel Azaña, La República española y la Guerra Civil, de Gabriel Jackson, Los anarquistas de Casas Viejas, de Jerome R. Mintz.

La Segunda República (II)

En la anterior entrega habíamos dejado al gobierno provisional tomando medidas reformistas desde el ejecutivo, pero ¿y el legislativo? En realidad, ni ese gobierno había pasado directamente por las urnas (la República se había proclamado tras unas elecciones municipales, como dijimos) ni existía una Constitución. De modo que, mientras los "provisionales" continuaban ejecutando medidas, se realizaron elecciones a Cortes constituyentes el 28 de junio de 1931, las cuales dieron un triunfo rotundo a la izquierda y, sobre todo, a la conjunción republicano-socialista (PSOE 117 escaños; radicales 94; radical-socialistas 58; ERC 26; ORGA de Casares Quiroga 21; la izquierda obtuvo 400 de los 470 escaños de las Cortes), de manera que el gobierno provisional quedó legitimado por las urnas.

El 29 de agosto, Luis Jiménez de Asúa (PSOE) presentó la primera redacción de la Constitución y se inició su discusión artículo por artículo. Se decidió que España "era una república democrática de trabajadores de toda clase" y, no sin enconados debates, "un estado integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones". Los mayores escollos aparecieron en los artículos 26-27 y en el artículo 44. Los dos primeros en principio implicaban la disolución de las órdenes religiosas, y suscitaron una grave crisis que llevó a la dimisión de Alcalá Zamora y de Maura. Al final llegó a un acuerdo (gracias al poder de convicción de Don Manuel Azaña) para que la disolución solo afectase a la Compañía de Jesús, que, efectivamente, fue disuelta el 24 de enero de 1932 y sus bienes nacionalizados. Pero el artículo 26 también preveía que en el plazo de dos años el Estado debería deja de financiar a la Iglesia. José María Gil Robles, de quien hablaremos mucho a la largo de esta serie, pidió ya en aquellos momentos una revisión completa de la Constitución. Respecto al artículo 44, hubo asimismo grandísimas disensiones entre los constituyentes, pues los socialistas habían redactado el borrador en el que se contemplaba la posibilidad de expropiar propiedades privadas si así convenía al interés nacional. En el fondo, lo que estaba en discusión era la reforma agraria y la expropiación forzosa de las tierras incultas. Finalmente se llegó a un acuerdo más o menos favorable para los redactores del artículo.

Por fin, la Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Sin referéndum, por cierto. Se trataba de una carta democrática que consagraba la supremacía del poder legislativo y amparaba un sistema de economía mixta. Su contenido era fácilmente asumible por la mayoría de los partidos, pero no por los de obediencia católica, que veían en su laicismo un obstáculo insalvable. El 15 de diciembre se sustituyó al gobierno provisional por un nuevo ejecutivo que respetase con mayor proporcionalidad lo que había salido de las urnas el 28 de junio (hasta entonces el legislativo había estado redactando y discutiendo la carta magna y había dejado hacer a los "provisionales"). Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y Manuel Azaña fue confirmado como jefe de un nuevo gobierno con el apoyo de republicanos, socialistas y liberales, pero con el rechazo de monárquicos y católicos. El gran perdedor fue el jefe del Partido Radical, Alejandro Lerroux, que aspiraba al cargo de Azaña pero fue vetado por los socialistas, que consideraban a su partido como corrupto y acomodaticio. Desde entonces, el viejo "emperador del Paralelo" buscaría solo alianzas a su derecha.

Paralelamente a la redacción de la Constitución y la formación del nuevo gobierno de izquierdas se fue organizando la oposición. Los monárquicos alfonsinos se aglutinaron en torno a Acción Nacional (más tarde Acción Popular) en octubre del 31, aunque esta organización se dividiría en el 33 entre la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) del mentado Gil Robles y Renovación Española, donde pacían gentes como Antonio Goicoechea, Ramiro de Maeztu o José María Pemán. Por su parte, la Comunión Tradicionalista agrupaba a los monárquicos carlistas, y el fascismo, cuyas primeras manifestaciones en España fueron recogidas por dos revistas (La Gaceta literaria, de Giménez Caballero y La conquista del Estado, de Ledesma Ramos), constituyó las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) en torno a Ledesma y Onésimo Redondo. Completarían el cuadro, ya en el 33 y el 34, Calvo Sotelo con su Bloque Nacional y José Antonio Primo de Rivera, Sánchez Mazas y Ruiz de Alda con Falange española. 

Tras la proclamación de la República, los anarquistas se habían dividido entre los que preconizaban la línea sindicalista, como el caso de Ángel Pestaña o Joan Peiró, y los que constituían la FAI, como García Oliver o Buenaventura Durruti, partidarios de la lucha contra el Estado y de ejercer una irresistible presión huelguística sobre los gobiernos (la "gimnasia revolucionaria") que llevase, cuanto antes, a la revolución social. En el Congreso confederal celebrado en Madrid en junio del 31, los delegados de la FAI rechazaron toda colaboración con la conjunción republicano-socialista y con la UGT y emprendieron su camino hacia la revolución desencadenando revueltas insensatas como la insurrección que llevaron a cabo en enero de 1932 en la cuenca minera  los ríos Llobregat y Cardener (Fígols, Berga, Sallent, Cardona, Súria y Manresa). Liquidada la proclamación del "comunismo libertario" en tres días por las fuerzas del ejército, el levantamiento solo sirvió para que todos los mineros en huelga fueran despedidos. 

Pero los enemigos más peligrosos de la República eran, desde luego, los militares que conspiraban por dos vías. Una incluía a los generales Ponte y Orgaz y la otra estaba encabezada nada menos que por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Goded. Ambas coincidían en que el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, era el hombre indicado para encabezar un golpe de estado. La ocasión para desencadenar el golpe la facilitaron dos cuestiones sensibles: los sucesos de Castilblanco y Arnedo y la discusión en Cortes del Estatuto de Cataluña.

Castilblanco era un pueblecito de Badajoz que, en los últimos días de diciembre de 1931, estaba en huelga. Al tratar de restablecer el orden público, un guardia civil disparó su arma y mató a un lugareño. La reacción de los paisanos fue linchar a cuatro números de la Guardia Civil. La espiral de violencia se puso en marcha y la Guardia Civil extremó sus rigores represivos en distintas localidades en huelga hasta que en un pueblo de La Rioja, Arnedo, hubo once muertos y treinta heridos, en lo que pareció una represalia por los guardias civiles muertos en Extremadura. Azaña llamó a Sanjurjo, le reprochó la acción de la Benemérita, lo destituyó del cargo y lo pasó a la inspección general de carabineros. Sanjurjo, que se había negado a defender a la monarquía en abril del 31 y esperaba un trato privilegiado, se sintió vejado y abrazó la vía conspirativa que dirigía Goded.

Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como The crisis of Democracy in Spain, de Nigel Townson, La guerra civil española de Anthony Beevor, La República española y la guerra civil, de Gabriel Jackson, La Iglesia católica en España, 1875-2002, de Callahan.

La Segunda República (I)

Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó la República en Éibar, los republicanos encontraron ante sí los inmensos retos, siempre pospuestos, que tenía planteados la sociedad española: la reforma agraria, la reforma militar, la cuestión catalana, el sistema de enseñanza y las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Todo ello en un ambiente poco propicio, con un giro hacia regímenes de derecha en el contexto europeo que hacía poco vistoso el nuevo régimen para la élite internacional (la banca Morgan canceló de inmediato un préstamo de 60 millones de dólares que había concedido a la monarquía). Además, la República heredaba las consecuencias de los errores económicos de la dictadura de Primo de Rivera: las obras públicas habían generado una grandísima deuda, y la crisis de la peseta que Calvo Sotelo no había sabido resolver se había agravado porque los ricos, temerosos de que la República hiciera una reforma fiscal que les afectara, habían transferido parte de su dinero al exterior. 

Pese a todos estos condicionantes, los hombres del gobierno provisional (procedentes de siete partidos diferentes), se dispusieron a gobernar desde el primer día y, mientras preparaban la convocatoria a Cortes constituyentes para redactar la Constitución republicana, tomaron medidas de un calibre y de una profundidad desconocidos hasta entonces en España. 

Durante los meses de abril, mayo y junio, el Gobierno no paró de promulgar decretos relacionados con la cuestión de la tierra. En espera de una ley de reforma agraria, prohibió expulsar a los arrendatarios de las fincas, obligó a los propietarios a no dar trabajo a jornaleros de otros municipios hasta que no lo tuviesen los del propio, forzó a los patronos agrícolas a cultivar la tierra según los usos y costumbres de la zona, aplicó al campo las mismas leyes de seguridad y protección de que gozaban los obreros industriales (incluida la jornada de 8 horas), y el sistema de jurados mixtos para arbitrar los conflictos laborales. El 21 de mayo creó la Comisión Técnica Agraria para que redactase un proyecto de ley de reforma por el que pudieran asentarse cada año de 60.000 a 75.000 familias, y para dirigir este proyecto se creó el Instituto de Reforma Agraria que, por falta de presupuesto, no pudo ser dotado de forma adecuada. 

El nuevo ministro de la Guerra, Manuel Azaña, acometió la reforma del estamento militar ofreciendo a generales, jefes y oficiales que lo desearan pasar a la reserva con la paga íntegra y los incrementos sucesivos que les hubiesen correspondido de seguir en activo, redujo las 16 capitanías generales a 8 "divisiones orgánicas", suprimió el grado de teniente general, hizo revisar los ascensos por méritos de guerra, redujo el servicio militar obligatorio a un año y ordenó clausurar la Academia General Militar de Zaragoza que dirigía el general Franco. La reforma militar no supuso un saneamiento total ni una modernización del ejército, pese a lo cual fue esgrimida más tarde como un intento de triturar militares que justificaba una rebelión (sic). El Gobierno cometió, además, el error de mantener al general Sanjurjo al frente de la Guardia Civil. La República creó otro cuerpo policial más afín, la Guardia de Asalto, al no fiarse del todo de la lealtad de algunos.

La cuestión catalana adquirió un protagonismo inmediato. Las elecciones de abril habían dado el triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de clases medias dirigido por Macià y Companys. El mismo 14 de abril, ambos políticos habían proclamado el nacimiento de una república catalana que veían inserta en una estructura federal del Estado. No era eso lo que se había negociado en el pacto de San Sebastián entre los republicanos de toda España, y tres días después el gobierno provisional de la República envió a Barcelona a tres de sus ministros (Marcelino Domingo, Lluís Nicolau d'Olwer y Fernando de los Ríos) para que negociasen con Macià y Companys la vía que había de seguirse hasta que las Cortes aprobaran el prometido Estatuto de Autonomía. Macià aceptó ser nombrado presidente del gobierno de la Generalitat de Catalunya por un decreto el 21 de abril. 

Las relaciones de una República laica con la Iglesia católica no podían ser fáciles, entre otras cosas porque el Concordato de 1851 aún seguía vigente. Tan sólo 15 días después de la proclamación de la República, el cardenal Pedro Segura, primado de España, había emitido una pastoral denunciando la voluntad del gobierno provisional de establecer la libertad de cultos y separar la Iglesia y el Estado. El cardenal exhortaba en su carta a los católicos a que en las futuras elecciones a constituyentes votaran contra los nuevos gobernantes que, en su opinión, querían destruir la religión. La prensa católica se dedicó a defender los privilegios de la Iglesias sin poner en tela de juicio la nueva forma de gobierno desde las páginas de El Debate (diario de Acción Católica) mientras que el diario ABC se alineó con las tesis más integristas. Ante esta actitud, los gobernantes republicanos expulsaron del país al cardenal Segura y a otro clérigo irreductible, Mateo Múgica, obispo de Vitoria. Segura se instaló en Francia y dio instrucciones a sus sacerdotes para que, por medio de testaferros, vendieran bienes eclesiásticos y evadieran el dinero de España. El 3 de junio, los obispos españoles enviaron al presidente del gobierno provisional una carta colectiva denunciando la separación Iglesia-Estado y protestando por la supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas. 

Dado que el analfabetismo rondaba aún por el 45% de la población, el 23 de junio el gobierno provisional creó por decreto 7.000 nuevas plazas de maestro incrementando sus sueldos en un porcentaje entre el 15 y el 50 por ciento. Asimismo se ordenó la construcción inmediata de 7.000 nuevas escuelas que debían costearse entre los ayuntamientos, que cederían los terrenos, y el Estado, que abonaría el 75% de la construcción y pagaría los sueldos de los nuevos maestros. Se suprimió, como dijimos antes, la obligatoriedad de enseñar religión en las escuelas públicas.

La rapidez y contundencia de todas estas medidas explicó mejor que cualquier discurso lo que las viejas clases dirigentes podían esperar de los nuevos gobernantes. Su reacción fue inmediata: había que acabar enseguida, por cualquier medio, con el régimen recién nacido antes de que fuese demasiado tarde. Sólo dos meses y medio después de ser proclamada la República, Manuel Azaña escribió en su diario: "Me informan de que a un capitán de artillería le han propuesto que ingrese en una organización dirigida por Barrera, Orgaz y no sé qué otro general para derribar la República".

Pero, al mismo tiempo que legislaba por decreto, el gobierno provisional tuvo que hacer frente a graves problemas de orden público. Durante los días 11 ,12 y 13 de mayo Madrid vivió una algarada en la que se incendiaron iglesias y conventos y se atacó la sede del diario ABC. En otras ciudades como Alicante, Sevilla o Cádiz se produjeron también tumultos e incendios, y en Málaga, además de iglesias y conventos, se atacó a la Unión Mercantil y a la Cámara de Comercio. Estos disturbios obligaron finalmente al gobierno a decretar la ley marcial y reprimir con dureza a los tumultuosos. Pero la derecha no olvidaría nunca la frase que se atribuyó a Azaña de que todas las iglesias de España no valían la vida de un solo republicano.

Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como La guerra civil española, de Anthony Beevor, Diarios completos, de Manuel Azaña, La reforma militar de Azaña, 1931-1933, La República española y la Guerra Civil, de Gabriel Jackson, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española, de Pascual Carrión.

Los suplentes vikingos asaltan León

En el año 968, una flota de 100 drakkares vikingos, comandada por su jefe Gunderedo, desembarcó en Catoira (Pontevedra), dispuesta a saquear el reino de León y Galicia. Tras un par de carnicerías en las cercanías de Padrón y Compostela, el obispo de Iria Flavia, llamado Sisnando Menéndez, reunió a un contingente de tropas gallego-leonesas en Fornelos. Menéndez se hallaba dispuesto a plantar cara a los invasores del norte. En audaz cabalgada, el buen hombre se lanzó a dirigir a sus soldados contra Gunderedo, pero una flecha lo derribó de la montura causándole la muerte. Los leoneses y gallegos, al ver muerto a su líder, huyeron en desbandada, y durante dos años estuvieron los vikingos saqueando aquellas tierras sin que nadie pudiera oponérseles.

En el año 2016, el Real Madrid inició una excursión en terrenos del reino de León que hacía tiempo no pisaba. Los caudillos locales también trataron de reclutar tropas contra la venida vikinga, con resultado similar. 7 goles como 7 soles, casi sin despeinarse, son un botín mayor que el que pudo obtener Gunderedo siglos atrás. El hambre de los Vázquez, Morata, Mariano, Asensio... arrolló a la Cultural Leonesa, que sólo alcanzó el gol de la honrilla cuando el Madrid quiso aflojar. La desesperación se reflejó en una agresión a Kroos que el árbitro decidió ignorar, quizá consciente de que el drakkar madridista iba repleto. 

Gunderedo fue derrotado, capturado y ejecutado por el ejército del conde Gonzalo Sánchez, cuando en el 970 ya volvía para Ferrol, dispuesto a regresar a su país en sus naves. Los vikingos del siglo XXI, por si acaso, regresan esta noche a la capital de España.

La RDA y el equipo del régimen

El uso frívolo de la expresión "equipo del régimen" es bastante habitual en la charla futbolera media, (que se parece poco, ay, a la mayoría de análisis que algunos nos ofrecen en este bar). Si se realiza con ánimo burlón y gracejo, puede resultar hasta socarrón y divertida, lo hagan los del Atleti frente al Madrid o los del Espanyol frente al Barça. El problema viene cuando la invectiva, fruto de la rabia, es pretendidamente utilizada como arma dialéctica. En esos casos, se muestra la  terrible ignorancia de quien así actúa. Y tiene un efecto colateral lesivo: banalizar lo que implica, auténticamente, la categoría de equipo del régimen.

Equipo del régimen fue, stricto sensu, el Dinamo de Berlín. La República Democrática de Alemania lo adoptó como elemento propagandístico de primer nivel, y en 1954 no dudó en trasladar en bloque el Dinamo de Dresde, el mejor equipo del país, a Berlín. Como suena: por medio de la policía política (Stasi) del siniestro Erich Mielke, le arrebató todos los jugadores titulares al mejor conjunto de la RDA para regalárselos al Dinamo de Berlín. En Dresde quedaron los suplentes, y el club hubo de reconstruirse a partir de los juveniles, pero no pudo evitar el descenso a Segunda División. El Dinamo de Berlín, artificialmente fortalecido de aquella forma, hizo el camino inverso, subiendo a Primera. El mencionado Mielke, director de la Stasi, se complació. La operación había sido un éxito

No obstante, con el paso de los años, el desvalijado Dinamo de Dresde consiguió volver a la máxima categoría en el 62, e incluso ganar algunos títulos entre 1971 y 1978. Aquello no gustó a Mielke, que volvió a reclutar jugadores, esta vez de todo el país, para lograr que su Dinamo de Berlín ganara consecutivamente todos los títulos desde el 79 hasta el 88. En la mayoría de esos años el Dinamo de Dresde fue segundo, lo que le permitió participar en competiciones europeas, llegando con frecuencia más lejos en ellas que su competidor berlinés. 

Huelga decir que tal circunstancia hacía que Mielke se subiera por las paredes. ¡Menudo descrédito para su equipo! De modo que ordenó que espías acompañaran al Dinamo de Dresde en cada desplazamiento, y en una ocasión detuvo a tres jugadores acusándolos de querer fugarse de la RDA para fichar por el Colonia. Sin embargo, el rendimiento en Europa del conjunto de Sajonia seguía siendo superior. Y hubo que dar un paso más.

En la temporada 1985-86, el Dinamo de Dresde jugaba los cuartos de final de la Recopa contra un equipo de Alemania Occidental: el Bayer Uerdingen. En Dresde ganó 2-0, y en la vuelta el partido estaba más que controlado: ganaba 1-3 a falta de 30 minutos para el final. Entonces, en un parón del juego, el masajista del equipo dio de beber algo a varios de los jugadores, que, a partir de ese momento, vieron esfumarse sus fuerzas de una forma increíble. En media hora, el Bayer Uerdingen les hizo seis goles, acabando el encuentro 7-3 y resultando eliminados inesperadamente. En el viaje de vuelta, los jugadores que bebieron sufrieron vómitos e intensas cefaleas. La conclusión es unánime: han sido envenenados. Mielke no podía permitir que ningún club de la RDA destacase más que el Dinamo de Berlín. Un verdadero equipo de régimen.

Dinamo de Berlín. 1987.

PD: el Bayer Uerdingen cayó en semifinales frente al Atlético de Madrid, que pasará a la final para ser arrollado por un Dinamo de Kiev de Lobanovsky.

La batalla de Pidna

Cuando Perseo, gracias a sus intrigas, consiguió acceder al trono de Macedonia en el año 179 a. C., la República de Roma supo que tenía un problema. El nuevo rey de los macedonios tenía ambiciones expansionistas sobre Tracia (territorio que ocupa lo que hoy sería el noreste de Grecia, el sur de Bulgaria y la parte europea de Turquía) y estaba obsesionado con honrar la tradición conquistadora del pasado glorioso de su pueblo, cuyo máximo icono era la figura de Alejando Magno. Así, comenzó una campaña de hostigamiento que culminó con el estallido de la Tercera Guerra Macedónica.

Después de muchas derrotas debidas a la torpeza de unos cuantos cónsules ineptos, la República de Roma nombró como cónsul a Lucio Emilio Paulo. Se trataba de un hombre cabal de 60 años, que había combatido en Hispania y con un marcado sentido del honor. En el 168 a. C. llegó a la base romana en Elpeo  y comprobó que las tropas se dividían en desmoralizados y ociosos. Durante esa primavera se esforzó en espabilarlos, y apenas llegó el verano, el 22 de junio, se las vio con Perseo en la batalla de Pidna.

Los macedonios no tenían el prestigio luchador de los romanos, algo realmente injusto. Avanzaban en perfecta formación de falange, con unas lanzas de 7 metros que hicieron retroceder a los legionarios. El empuje macedonio llevó a los soldados de LEP a los pies del monte Olocrus. Desesperados, tuvieron que continuar en su marcha atrás, obligados a subir de espaldas por aquellos pedregosos terrenos. La situación era desesperada cuando Salvio, uno de los comandantes romanos más astutos, se acercó al cónsul y le explicó que la solución pasaba por hacer de la necesidad virtud. Es decir, por usar el terreno a su favor.

Y en efecto, el accidentado escenario hizo que la perfecta formación en falange de los macedonios abriera unos pocos espacios. Lucio Emilio Paulo no lo dudó, y mandó a sus hombres a que se colaran en aquellos huecos y tiraran de espada corta de doble filo. La táctica fue un éxito. Perseo no daba crédito a lo que había sucedido. La escabechina macedonia fue terrible. 20.000 muertos en el bando macedonio, menos de 1.000 en el romano. Los combates aislados de cada legionario en su hueco decidieron la batalla de Pidna, y, como consecuencia, la Tercera Guerra Macedonia y el dominio romano en todo el Mediterráneo. Habían ganado los individuos frente al bloque, el talento adaptativo de la inspiración frente a la disciplina férrea del conjunto. 

Ojalá este domingo, en el Calderón, pase lo mismo.