La Segunda República IV

En la anterior entrega nos habíamos quedado en la delicada situación de Azaña tras los sucesos de 1933 en Casas Viejas.  La caída de la popularidad del gobierno Azaña derivaría en sendos golpes en abril y septiembre, en las elecciones municipales y para el Tribunal de Garantías Constitucionales, respectivamente. Convocadas elecciones para el 19 de noviembre, la derecha se unió en una coalición llamada Unión de Derecha y Agrarios, cuyo principal núcleo era la CEDA. El Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux se presentaba ante los electores como la gran fuerza moderadora y de centro, ofreciéndose a pactar con derechas e izquierdas. La izquierda acudió a los comicios dividida: los socialistas se separaron de los republicanos de izquierda por los “excesos represivos de Azaña” y los anarquistas llamaron directamente a la abstención. Las elecciones, en las que participaron por primera vez las mujeres, dieron la victoria al centro-derecha (204 diputados de derecha, 170 de centro y 93 de izquierda). En consecuencia, el presidente de la República encargó la formación del gobierno a Lerroux. El gabinete fue compuesto sólo por miembros del Partido Radical, pero necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA para gobernar. Gil Robles aceptó apoyar a Lerroux a cambio de que las escuelas de la Iglesia siguieran funcionando, que se aparcase la Ley de Congregaciones, que se revisase la legislación laboral y que se detuviera la reforma agraria. Lerroux y Gil Robles acordaron también decretar una amnistía para todos los implicados en la Sanjurjada de agosto del 32.

Mientras la derecha y el centro llegaban a acuerdos, el PSOE se iba bolchevizando poco a poco. Tras la derrota electoral, Indalecio Prieto había ido perdiendo poder en el comité ejecutivo del partido, que controlaba Largo Caballero. El 3 de enero de 1934, El Socialista declaraba: “¿Armonía? ¡No! ¡Lucha de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal!”. Diez días después el comité ejecutivo socialista redactó un nuevo programa que incluía la nacionalización de la tierra y la disolución de todas las órdenes religiosas, el ejército y la Guardia Civil. El 3 de febrero se constituyó un comité revolucionario dispuesto a que la insurrección contra el Gobierno tuviese “todos los caracteres de una guerra civil”, y cuyo éxito dependiera “de la extensión que alcance y la violencia con que se produzca”. Largo Caballero hizo oídos sordos a las advertencias que el depuesto líder de UGT, Julián Besteiro, acerca de que estaba yendo demasiado lejos, y tampoco escuchó las recomendaciones de Manuel Azaña, quien advirtió a los socialistas de que preparar una insurrección daría al ejército la excusa para intervenir de nuevo en política y aplastar a los trabajadores.

En febrero de 1934, el Gobierno dispuso que los jornaleros instalados en tierras por las medidas de intensificación de cultivos tenían que abandonarlas antes del primero de agosto de aquel año, lo que produjo el desahucio de 28.000 braceros, de los cuales 18.000 solo en Extremadura. El 4 de mayo se devolvieron las propiedades incautadas a los grandes de España por el golpe de Sanjurjo. El 28 de mayo se anularon las leyes referidas a la protección de los trabajadores del campo, lo que redujo sus salarios a la mitad.

Ante las medidas de contrarreforma agraria, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), dependiente de la UGT, convocó, al empezar el verano del 34, a los trabajadores del campo a una huelga general en toda España que sólo tuvo éxito en Extremadura, Ciudad Real y algunas zonas de Andalucía. Al convocar semejante huelga, sin respaldo en el Parlamento, la represión consiguiente condujo a la detención de 10.000 braceros, fueron suspendidos unos 200 ayuntamientos socialistas, las represalias laborales fueron atroces y la FNTT quedó prácticamente desmantelada. Cataluña tuvo su propia crisis aquel verano con la Ley de cultivos de la Generalitat (que buscaba facilitar el acceso a la propiedad a los arrendatarios de los viñedos catalanes), controlada por ERC, suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales a petición, curiosamente, de la Lliga Regionalista de Cambó y la patronal catalana.

Durante el verano de 1934 las posiciones se fueron radicalizando y enconando cada vez más. Largo Caballero subía el tono por parte de los socialistas, y Gil Robles, líder de la CEDA, anunció que “no podemos consentir por más tiempo que continúe este estado de cosas”, en referencia a un envío de armas a los socialistas asturianos. A pesar de ser el partido con mayor representación parlamentaria, la CEDA no había recibido ningún ministerio en el ejecutivo controlado por Lerroux, y Gil Robles lo exigió, consiguiendo tres carteras. Con la entrada de la CEDA en el gobierno, los socialistas dieron el paso y convocaron una huelga general revolucionaria para el 5 de octubre. 

Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como La guerra civil española, de Anthony Beevor, La República española y la Guerra Civil, de Gabriel Jackson, La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española, de Pascual Carrión y Historia de la Segunda República Española (1931-1936), de Julio Gil Pecharromán.