En la anterior entrega nos habíamos quedado en la delicada situación de Azaña tras los sucesos de 1933 en Casas Viejas. La
caída de la popularidad del gobierno Azaña derivaría en sendos golpes en abril
y septiembre, en las elecciones municipales y para el Tribunal de Garantías
Constitucionales, respectivamente. Convocadas elecciones para el 19 de
noviembre, la derecha se unió en una coalición llamada Unión de Derecha y Agrarios,
cuyo principal núcleo era la CEDA. El Partido Republicano Radical de Alejandro
Lerroux se presentaba ante los electores como la gran fuerza moderadora y de
centro, ofreciéndose a pactar con derechas e izquierdas. La izquierda acudió a
los comicios dividida: los socialistas se separaron de los republicanos de
izquierda por los “excesos represivos de Azaña” y los anarquistas llamaron
directamente a la abstención. Las elecciones, en las que participaron por
primera vez las mujeres, dieron la victoria al centro-derecha (204 diputados de
derecha, 170 de centro y 93 de izquierda). En consecuencia, el presidente de la
República encargó la formación del gobierno a Lerroux. El gabinete fue
compuesto sólo por miembros del Partido Radical, pero necesitaba el apoyo
parlamentario de la CEDA para gobernar. Gil Robles aceptó apoyar a Lerroux a
cambio de que las escuelas de la Iglesia siguieran funcionando, que se aparcase
la Ley de Congregaciones, que se revisase la legislación laboral y que se
detuviera la reforma agraria. Lerroux y Gil Robles acordaron también decretar
una amnistía para todos los implicados en la Sanjurjada de agosto del 32.
Mientras
la derecha y el centro llegaban a acuerdos, el PSOE se iba bolchevizando poco a
poco. Tras la derrota electoral, Indalecio Prieto había ido perdiendo poder en
el comité ejecutivo del partido, que controlaba Largo Caballero. El 3 de enero
de 1934, El Socialista declaraba:
“¿Armonía? ¡No! ¡Lucha de clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal!”.
Diez días después el comité ejecutivo socialista redactó un nuevo programa que
incluía la nacionalización de la tierra y la disolución de todas las órdenes
religiosas, el ejército y la Guardia Civil. El 3 de febrero se constituyó un
comité revolucionario dispuesto a que la insurrección contra el Gobierno
tuviese “todos los caracteres de una guerra civil”, y cuyo éxito dependiera “de
la extensión que alcance y la violencia con que se produzca”. Largo Caballero
hizo oídos sordos a las advertencias que el depuesto líder de UGT, Julián
Besteiro, acerca de que estaba yendo demasiado lejos, y tampoco escuchó las
recomendaciones de Manuel Azaña, quien advirtió a los socialistas de que
preparar una insurrección daría al ejército la excusa para intervenir de nuevo
en política y aplastar a los trabajadores.
En
febrero de 1934, el Gobierno dispuso que los jornaleros instalados en tierras
por las medidas de intensificación de cultivos tenían que abandonarlas antes
del primero de agosto de aquel año, lo que produjo el desahucio de 28.000
braceros, de los cuales 18.000 solo en Extremadura. El 4 de mayo se devolvieron
las propiedades incautadas a los grandes de España por el golpe de Sanjurjo. El
28 de mayo se anularon las leyes referidas a la protección de los trabajadores
del campo, lo que redujo sus salarios a la mitad.
Ante
las medidas de contrarreforma agraria, la Federación Nacional de Trabajadores
de la Tierra (FNTT), dependiente de la UGT, convocó, al empezar el verano del
34, a los trabajadores del campo a una huelga general en toda España que sólo
tuvo éxito en Extremadura, Ciudad Real y algunas zonas de Andalucía. Al
convocar semejante huelga, sin respaldo en el Parlamento, la represión
consiguiente condujo a la detención de 10.000 braceros, fueron suspendidos unos
200 ayuntamientos socialistas, las represalias laborales fueron atroces y la
FNTT quedó prácticamente desmantelada. Cataluña tuvo su propia crisis aquel
verano con la Ley de cultivos de la Generalitat (que buscaba facilitar el
acceso a la propiedad a los arrendatarios de los viñedos catalanes), controlada
por ERC, suspendida por el Tribunal de Garantías Constitucionales a petición,
curiosamente, de la Lliga Regionalista de Cambó y la patronal catalana.
Durante
el verano de 1934 las posiciones se fueron radicalizando y enconando cada vez
más. Largo Caballero subía el tono por parte de los socialistas, y Gil Robles,
líder de la CEDA, anunció que “no podemos consentir por más tiempo que continúe
este estado de cosas”, en referencia a un envío de armas a los socialistas
asturianos. A pesar de ser el partido con mayor representación parlamentaria,
la CEDA no había recibido ningún ministerio en el ejecutivo controlado por
Lerroux, y Gil Robles lo exigió, consiguiendo tres carteras. Con la entrada de
la CEDA en el gobierno, los socialistas dieron el paso y convocaron una huelga
general revolucionaria para el 5 de octubre.
Seguiremos más adelante en próximas entregas. La información, datos y textos están sacados de libros como La guerra civil española, de Anthony Beevor, La República española y la Guerra Civil, de Gabriel Jackson, La
reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura
española, de Pascual Carrión y Historia
de la Segunda República Española (1931-1936), de Julio Gil Pecharromán.